VIO identifica falencias que afectan a adolescentes con responsabilidad penal en centros de reintegración social y de orientación
El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, este 2 y 3 de mayo, en el Encuentro Nacional de Entidades de Atención del Sistema Penal para Adolescentes, junto a las instancias técnicas departamentales de Política Social, además del Ministerio Público y el Órgano Judicial, abordará las falencias y problemáticas identificadas en la supervisión y control que realizó en los centros de reintegración social (CRS) y los centros de orientación (CO) en 2023.
Estas problemáticas identificadas van desde el tema de infraestructura, sobrepoblación en los CRS, ausencia de programas específicos para la atención de las y los adolescentes, vulneración de los derechos a la salud y la educación, hasta la ausencia de equipos técnicos de Justicia Restaurativa en la mayoría de los departamentos.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz Tarifa, en conferencia de prensa, informó que a nivel nacional, en los 16 CRS y nueve CO, existen 1.420 adolescentes dentro del Sistema Penal para Adolescentes, de los cuales 642 -entre varones y mujeres- se encuentran privados de libertad en los CRS y 778 son atendidos por los centros de orientación, cifra que, si bien no es alta en comparación al sistema penal para adultos, muestra un crecimiento del 34% respecto a la cantidad que existía en 2020.
También señaló que del 100% de la población varones, en 2023, el 28% se encontraba con detención preventiva en CRS, en tanto que el 60% del total de adolescentes mujeres, en la misma situación.
“Esta situación genera una sobrepoblación en el 31,2% de los centros de reintegración social del país, concretamente en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz”, manifestó Cruz.
Otro dato que preocupa, dijo, es que el 73% de los adolescentes privados de libertad, se encuentra en esa situación por delitos de violencia sexual, por lo que se presentarán guías y programas para el abordaje de la violencia sexual en el contexto del Atención del Sistema Penal para Adolescentes; asimismo, la existencia de adolescentes con discapacidad psíquica y mental con detención preventiva en CRS, lo que no corresponde ya que son inimputables.
El diagnóstico trabajado por el VIO, advierte también, la ausencia de programas de atención para las y los adolescentes en CRS, quienes, al no contar con los mismos, se encuentran privados de libertad sin ningún abordaje interdisciplinario y especializado, como dispone el Código de la Niña, Niño y Adolescente (CNNA), “lo que significa, que las medidas socioeducativas no estarían cumpliendo la finalidad educativa de reintegración social, de reparación del daño y de evitar la reincidencia, con que fueron impuestas por la autoridad judicial competente”.
Otro tema importante a considerar expresó la Viceministra, son los mecanismos de Justicia Restaurativa, los cuales conforme establece el CNNA, se constituyen en procedimientos que acompañan la aplicación de medidas socioeducativas, y la remisión y las salidas alternativas, que buscan que la persona adolescente asuma su responsabilidad frente al hecho cometido, se forme para el ejercicio de sus habilidades sociales, y procure la reparación del daño ocasionado a la víctima.
No obstante que el CNNA señala que los Gobiernos Autónomos Departamentales a través de las instancias técnicas departamentales de Política Social tienen el mandato legal de brindar, y hacer el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los mecanismos de Justicia Restaurativa, en la supervisión y control efectuados en 2023; además, se evidenció que sólo los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija cuentan con estos equipos, “circunstancia por demás preocupante considerando la importancia que tiene la realización de los mecanismos de Justicia Restaurativa en el proceso de reintegración social de la o el adolescente con responsabilidad penal”.
A partir de los resultados de las verificaciones hechas en los 16 centros de reintegración social y nueve centros de orientación que existen, en el encuentro nacional se definirán lineamientos y acciones conjuntas para revertir las falencias advertidas.
Estas acciones pasan por la construcción de un programa de Justicia Restaurativa, un programa post egreso, y la elaboración de lineamientos para la atención de adolescentes con discapacidad mental o psíquica a fin de avanzar en la consolidación del Sistema Penal para Adolescentes; la materialización de una Justicia Restaurativa con el objetivo de que las y los adolescentes asuman su responsabilidad efectiva respecto al hecho cometido con la reparación del daño ocasionado a la víctima, respondiendo a las necesidades de la misma, del ofensor y de la comunidad, conforme establece la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente.